Vivir una vida libre de violencia es un derecho fundamental reconocido por organismos internacionales, y constituye un pilar esencial para el bienestar humano.
Sin embargo, el maltrato hacia personas de 60 años o más es una problemática frecuente que, pese a su gravedad, muchas veces no se identifica, no se reconoce o no se atiende de forma adecuada. Este tipo de maltrato puede presentarse como una acción u omisión, única o repetida, que cause daño físico, psicológico o moral, vulnerando los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor. Incluso puede ocurrir dentro de relaciones de confianza, como las que se dan con familiares, cuidadores o personal médico.
La violencia contra las personas mayores incluye actos intencionales, negligencias y una amplia gama de abusos: desde el físico, psicológico, sexual o financiero, hasta la desatención sistemática. También puede manifestarse en conductas que causan sufrimiento, deterioro o incluso la muerte, ya sea en el ámbito público o privado. Esta complejidad ha hecho que el fenómeno permanezca parcialmente oculto, tanto en el entorno familiar como en espacios clínicos e institucionales.
La violencia en la vejez es una cuestión de salud pública con graves consecuencias emocionales, físicas y sociales.
A pesar de tratarse de un problema en aumento, aún se comprende poco cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Estudios recientes estiman que 2 de cada 10 personas mayores cognitivamente sanas han sufrido algún tipo de maltrato en su entorno familiar durante el último año. Esta cifra se eleva drásticamente hasta el 75% en personas que viven con enfermedades como Alzheimer u otras demencias.
Lo más alarmante es que cerca del 80% de los casos nunca se denuncian. Las razones son diversas: miedo a represalias, sentimientos de culpa al señalar a un ser querido, dificultades para acceder a servicios por alguna discapacidad o incluso la imposibilidad de identificar que se está siendo víctima de abuso. A ello se suma la dependencia emocional o económica, y la falta de información sobre los recursos disponibles para solicitar ayuda.
Ninguna persona mayor está exenta del riesgo de sufrir violencia o maltrato, sin importar su situación económica, educativa o cultural. No obstante, existen ciertos factores que pueden aumentar esa vulnerabilidad. Entre ellos destacan los antecedentes de violencia a lo largo de la vida, ya sea como víctima o como agresor, el consumo de alcohol u otras sustancias por parte de la persona mayor o algún familiar, y la existencia de relaciones familiares conflictivas o disfuncionales. Estos elementos, combinados, tienden a crear dinámicas que perpetúan el maltrato.
Por tratarse de un fenómeno multifactorial, es necesario examinar no solo las características de la víctima y del agresor, sino también el entorno en el que se desenvuelven y su historia de vida. Estos elementos permiten comprender mejor cómo se reproduce la violencia en la vejez y cuáles son los puntos clave para prevenirla o interrumpirla.
El 80% de los casos no se denuncia por miedo, culpa, dependencia o falta de información.
Más allá del plano individual, el maltrato hacia las personas mayores representa un serio problema de salud pública. Su alta prevalencia, el deterioro físico y mental que provoca, el aumento del riesgo de muerte prematura, y los altos costos que impone a los sistemas de salud, lo convierten en un desafío urgente. Entre las secuelas se encuentran síntomas como ansiedad, depresión, insomnio, baja autoestima, ideación suicida, sentimientos de soledad, así como un deterioro progresivo de la funcionalidad física.
Aun así, en muchas ocasiones el tema no ocupa un lugar prioritario en la atención médica. Parte de ello se debe a que los profesionales de la salud no siempre cuentan con la formación necesaria para identificar y abordar estas situaciones. La falta de capacitación formal impide que muchos casos sean detectados a tiempo y tratados con un enfoque integral.
El maltrato en la vejez no solo vulnera el derecho a la salud; también constituye una violación directa a los derechos humanos. La mayoría de los casos se produce en espacios familiares, lo que genera un fuerte impacto emocional: aislamiento, pérdida de redes de apoyo y ruptura de vínculos de confianza. En muchos casos, las personas mayores optan por romper la relación con su agresor antes que iniciar un proceso de denuncia, especialmente si se trata de un hijo, pareja o cuidador. Esta decisión, aunque comprensible, deja a la víctima desprotegida y perpetúa el ciclo de violencia.
Conscientes de esta problemática, diversos organismos internacionales han comenzado a establecer marcos jurídicos específicos. Un hito importante fue la publicación, el 15 de junio de 2015, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se trata del primer instrumento legal vinculante a nivel mundial que establece principios, obligaciones y medidas concretas para prevenir y erradicar el maltrato, reconociendo su impacto en la dignidad y los derechos fundamentales de este grupo poblacional.
El maltrato hacia las personas mayores es un problema urgente, complejo y profundamente humano. Sus consecuencias no se limitan al cuerpo o la mente; afectan también la dignidad, el entorno social y la posibilidad de vivir con autonomía.
A pesar de los avances legislativos, aún queda un largo camino por recorrer. Identificar, prevenir y atender esta forma de violencia requiere una respuesta conjunta: desde el personal de salud y las instituciones, hasta la sociedad en su conjunto. Solo mediante la sensibilización, la educación y la implementación de políticas efectivas podremos garantizar que todas las personas mayores vivan con la seguridad, el respeto y la dignidad que merecen.
